¿Cuánto le importa el medio ambiente a la política?

Por César Paredes, Periodista De Semana.Com

La agenda política del país ha descuidado la importancia de proteger el medio ambiente y hacer gestión de riesgo. ¿Qué hacer?

En materia institucional han sido varios los esfuerzos por darles cuerpo a las iniciativas de protección del medio ambiente. Por ejemplo, tras la avalancha que se tragó a Armero, en 1985, el país comenzó a discutir la necesidad de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres que adquirió vida legal con la Ley 46 de 1988. 

Y con la Ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SNA) con el fin de “impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir (…) las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación”. 

En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda, lo que para los ambientalistas fue considerado un retroceso. El gobierno actual planea separarlos nuevamente. 

Cada uno de los sistemas mencionados cuenta con instituciones encargadas de la prevención y gestión del medio ambiente. Dentro del SNA, por ejemplo, funcionan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las cuales, ante las denuncias de ineficiencia, serán intervenidas por el Gobierno. 

Además, existen institutos como el Alexander von Humboldt, dedicado a la investigación para la protección de la biodiversidad; el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que levanta información sobre los ecosistemas y define las bases técnicas para zonificar el uso del territorio, y el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) que investiga el potencial de recursos y restricciones de las condiciones geológicas del subsuelo del territorio colombiano. 

En otras palabras, sí hay instituciones y un cúmulo de experiencias. No obstante, señala Wilches, “el problema es el modelo de desarrollo”. En su criterio, los esfuerzos de cada organismo no están articulados al propósito de garantizar una mejor calidad de vida. 

“Todo eso está ahí como piezas de un rompecabezas, pero el reto ahora es cómo armamos esas piezas y lo integramos para hacer de Colombia el modelo de desarrollo que se adapte al cambio climático”, dijo. 

Lo paradójico es que, a veces, teniendo todos esos conocimientos acumulados y experiencias, no pasan de ser unas curiosidades científicas o comunitarias. 

Para Puente Bruges, a la desarticulación se suma la falta de voluntad para hacer cumplir lo previsto en las leyes. El investigador puso como ejemplo el hecho de que a pesar de que existe el Código Minero, que prohíbe la explotación minera en páramos, “la minera Greystar sigue con su proyecto minero en el páramo de Santurbán, y las instituciones no intervienen”.

Tema urgentes 

“O entendemos por las buenas que no podemos alterar impunemente los sistemas de autorregulación de los ecosistemas, ni llevar a cabo un desarrollo que no tenga en cuenta las limitaciones y prioridades de los territorios; o tenemos más desastres con pérdidas materiales y de vidas, y agudizaremos el conflicto”. 

Con estas palabras Wilches sintetizó la importancia de articular política con medio ambiente, no sólo como una reacción a los desastres, sino como una propuesta de desarrollo sostenible en el tiempo. 

El concejal De Roux señaló que hay al menos tres temas ambientales que requieren atención. “Primero: la destrucción del suelo de la nación”, dijo. Explicó que en Buga, Valle del Cauca, se pierden cinco millones de toneladas de sedimento, que es suelo fértil, al año por la corriente del río Cáuca. En Magdalena la proporción es dramáticamente mayor: cuatro toneladas por segundo de suelo fértil que va a dar al mar.

En segundo y en tercer lugar el concejal mencionó dos temas que los ambientalistas ya han advertido: la explosión minera y la explotación maderera. Dijo que la explotación de esos recursos no es mala per se, pero “se requiere de controles”. En el caso de la desforestación advirtió que no se puede creer que con la siembra de árboles maderables se reemplacen los bosques naturales. 

Puente, por su parte, insistió en que es una prioridad que el Ministerio de Medio Ambiente sea el que gestione el Plan de Ordenamiento de las cuencas hidrográficas, para proteger los recursos hídricos. Y reiteró: “se deben aplicar las leyes”. 

La emergencia invernal demostró que es apremiante construir una agenda verde. Las próximas elecciones podrían ser una buena oportunidad para comenzar. Falta ver si los partidos atienden el llamado de la naturaleza.